Sin embargo, tanto en el Ministerio del Interior como en el sindicato policial reconocen que en muchos de esos casos los policías vestidos de particular estaban, en realidad, ejerciendo la función de lo que se conoce como “servicio 223”. Esa práctica implica desarrollar tareas de custodia de manera particular, algo que la ley orgánica policial prohíbe.
El ilegal “223” es un remanente del ya viejo servicio 222,
que fue limitado con la ley de Presupuesto de 2011. El último caso de un
funcionario involucrado en un hecho de violencia mientras ejercía en la
ilegalidad del “223” ocurrió el martes 18 por la noche, cuando el policía
Fernando Cortés fue asesinado por dos delincuentes de siete disparos mientras,
supuestamente, estaba dentro de su auto esperando a su pareja, que trabaja en
un spa de Malvín. Vecinos dijeron que el policía trabajaba como seguridad en el
Spa.
SERVICIO 223
Cuando el Ministerio del Interior comprueba que hay un caso
de servicio 223, al policía se le inicia inmediatamente un sumario que puede
concluir en su destitución. Una investigación administrativa por ese tema fue
iniciada luego de que en octubre del año pasado un joven fuera asesinado en el
boliche Coyote. Interior comprobó que algunos de los guardias de seguridad que
custodiaban el lugar eran policías y los sumarió.
La Dirección General de Fiscalización de Empresas (Digefe)
es la encargada de fiscalizar que los policías no trabajen como guardias
privados. Pero la tarea de detectar casos irregulares no es sencilla. Otra
fuente de la cartera indicó que son muchos los comercios que contratan
funcionarios para realizar tareas que nada tienen que ver con la seguridad,
pero con el objetivo real de que en caso de que algo anormal suceda actúe como
policía.
VARIOS CASOS
Una de las fuentes del Ministerio del Interior indicó que
son varios los casos detectados de policías que trabajan como porteros de
edificios, reponedores en supermercados o empleados de almacenes pero que ante
un robo son los primeros en actuar, sin contar con elementos de seguridad como
chalecos antibalas. Para las autoridades de la cartera, uno de los problemas es
que no existe una legislación por la que se pueda sancionar a los dueños de los
comercios que alientan esa práctica. Rodríguez recordó que el anuncio sobre la
limitación del 222 generó el rechazo del gremio porque consideraron que
“limitaba el derecho del policía al trabajo”.
El ministerio vio la necesidad de eliminar gradualmente ese
servicio porque los policías no cumplían su función adecuadamente por hacer más
horas como seguridad privados. La decisión tuvo el apoyo de todos los partidos
y fue uno de los principales argumentos para aumentar el salario de la Policía,
que en 10 años tuvo un incremento de $ 25.500.
Lo cierto es que, más allá de los aumentos de salarios y de
la fiscalización, hay policías que ponen en práctica la frase que dice “hecha
la ley, hecha la trampa”.
EL HERALDO
No hay comentarios:
Publicar un comentario