En virtud del decreto, desde hoy los secretarios de departamento, directores y subjefes de división, jefes de sección y encargados de repartición, tendrán cinco días hábiles para presentar, bajo su firma, un informe de cada uno de los funcionarios cesados, debiendo señalar ubicación y tareas que desempeñaban. Además deberán efectuar una calificación de estos funcionarios, debiendo informarse en forma individual a cada director general, por escrito, fechado, firmado y sellado.
Según las primeras informaciones, la medida deja sin trabajo a unas 200 personas, entre contratos individuales y empresas que prestaban servicio a la comuna, por ejemplo el barrido urbano.
La resolución generó repercusiones. El edil Ignacio Spínola, vocero del sector nacionalista que lidera el ex diputado Juan José Bruno, se mostró en "total desacuerdo" porque la medida fue tomada "en pleno invierno cuando es más difícil poder parar la olla, época en la que se requiere otro tipo de cosas" y porque la Intendencia "en este momento está con un superávit fiscal que le permitiría afrontar esas erogaciones salariales por lo menos por el momento, hasta que se les pudiera buscar otro tipo de soluciones". Incluso, consideró que "habría que recortar algunos contratos grandes para darle una mano a los más chicos".
Las nuevas autoridades entienden que al inicio de su administración es necesario un "reordenamiento del funcionamiento de la intendencia y de sus recursos humanos" y señalan que "como consecuencia de situaciones excepcionales la administración dispuso el ingreso por diferentes modalidades, a partir del 1º de julio de 2009 y hasta el día de la fecha, a funcionarios para el cumplimiento de sus obligaciones, los cuales al presente resultan excedentarios". La resolución fue firmada por Irazabal y por el secretario general, Domingo Bocchiardo, que formalmente comienzan hoy su actividad.
El País Digital
FOTO: Benjamín Irazabal, Intendente de Durazno.
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