En un extenso auto de procesamiento de 21 páginas, el juez Penal de 17° Turno Carlos García analiza las irregularidades registradas en el servicio descentralizado de OSE, con relación al cobro de viáticos, la asignación de publicidad oficial, los gastos de locomoción propia y contratada y la entrega de un fondo permanente a la Unidad de Gestión Ambiental.Sin embargo, las apreciaciones del magistrado profundizan aún más y encuadran los hechos ilícitos en el momento en que se cometieron y lo que implican para el Estado. En su fallo, García señala que "el aporte de Amaro, en un esquema de corrupción extendida, ha sido decisivo y determinante para que la maniobra se hubiera podido llevar adelante". Enfatiza que lo sucedido en OSE, por la falta de controles internos y externos, constituye "un esquema de corrupción direccionado y extendido desde la cúspide".
El magistrado sostiene que las conductas investigadas "son reprochables en cualquier tiempo, máxime cuando se llevan a cabo, como sucede en la especie, en momentos en que el país se hallaba inmerso y sufriendo la peor crisis económica de su historia, y no pueden de ninguna manera quedar impunes". El juez explica que Amaro fue procesado como "coautor" de los delitos de fraude y abuso innominado de funciones "por su cargo jerárquico y en razón de estar, los funcionarios, asignados directa y exclusivamente a su servicio".
Para el magistrado "los funcionarios (de OSE) no hubieran podido llevar adelante su conducta ilícita durante tanto tiempo si no fuera por el auspicio y amparo brindado por su jerarca". Respecto a los hechos puntuales, García dedica seis páginas a desarrollar cómo los viáticos, a nivel del Directorio y la Gerencia General, fueron utilizados como forma de remuneración o compensación "desvirtuando su naturaleza", porque en los casos analizados se comprobó que tres funcionarios cobraron viáticos por viajes que no realizaron a Florida, Durazno y Flores. Si bien se desempeñaban en el interior, figuraban como cumpliendo tareas en el edificio de la calle Carlos Roxlo. En ningún caso se adjuntaron comprobantes de locomoción, ni se percibió pernocte a pesar de cumplir jornadas de 24 horas. Los funcionarios percibieron $ 178.816, $154.000 y $ 159.630 respectivamente.
En cuanto a la publicidad oficial, la Justicia entiende que se asignó a los medios de los departamentos que representaban los directores de OSE e incluso por un tiempo superior a su mandato. Las sumas asignadas entre 2000 y 2005 ascendieron a $ 26.953.000 y U$S 65.564. Sobre la locomoción, el magistrado apunta que toda la gestión de mantenimiento y reparación de la flota de vehículos del organismo se realizó "con una constante violación a las disposiciones del Tocaf", ya que se ejecutaron sólo dos licitaciones en siete años.
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