miércoles, 5 de noviembre de 2008

Los juicios penales por el honor se han incrementado


"Cada vez que tenemos un juicio por cuestiones de honor y la prensa está involucrada es una carrera contra el tiempo, todo debe hacerse con celeridad", expresó una funcionaria judicial consultada.
En los últimos tres años y medio los juicios por difamación e injurias se incrementaron en el departamento de Florida a tal punto que no existe comparación con años anteriores.
"En general ha habido un incremento en todos los delitos, en los procesados con prisión, de expedientes y de sentencias", precisó la Dra. Julia Staricco, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Menores y Aduanero de la ciudad de Florida.

SIETE CASOS, SIETE
La Dra. Staricco enumeró cada uno de los casos en los que, por la Ley de Prensa, tuvo que actuar. La cuenta comienza en 2005, cuando en mayo de ese año el ex Intendente Andrés Arocena denunció al ex diputado Arturo Heber por haber lesionado su honor con comentarios realizados a través de los microfonos de CW33 La Nueva Radio. Heber dijo que no había intención de difamar a Arocena y éste desistió de la denuncia.
Luego, en julio de 2006, Álvaro Riva Rey (director de diario El Heraldo), fue denunciado por el empresario José Aspe Pérez. Un año después Riva Rey fue absuelto.
En octubre de ese mismo año, el productor lechero Wilson Cabrera tuvo que retractarse de dichos expresados contra el sindicato de Conaprole, al que tildó de "terroristas".
Ya en 2007, hubo tres casos notorios: El primero involucró al profesor Víctor Ferrari, que denunció al edil nacionalista Dr. Carlos Córdoba por una carta que éste último había solicitado publicar en El Heraldo. Córdoba fue procesado con prisión, pero unos meses más tarde el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia. El caso fue archivado.
En mayo de ese año, Alberto Lamaita, columnista de El Heraldo, fue denunciado por el empresario gastronómico Ruben Osorio. Lamaita fue absuelto y tras una apelación, se llegó a un acuerdo beneficioso para ambas partes.
En agosto de 2007, Álvaro Aguiar y Dino Capelli, propietario del semanario Punto y Aparte (Sarandí Grande), fueron denunciados por Alejandro Fleitas, un funcionario policial que se sintió mancillado en su honor a raíz de una carta publicada en el citado medio por una mujer llamada Clara Alonzo. El resultado del juicio determinó que los periodistas fueran sobreseídos y que Alonzo fuera procesada. En el ámbito civil, el semanario Punto y Aparte fue condenado a pagar 2 mil dólares, dado que el honor está por encima de la libertad de expresión,según lo consignado por el Dr. Waldemar Carrerou.
EL ÚLTIMO CASO
Este año, en febrero, Alejandro Echeverría, director de Desarrollo Sustentable de la IMF, tras haber tildado de "delincuente" al periodista Alejandro Ruiz, de CW33 La Nueva Radio, no sólo accedió a retractarse sino que además terminó pagando los honorarios (unos 10.000 pesos más IVA) del abogado de Ruiz, el Dr. Ruben del Castillo.
El mismo Del Castillo será quien defienda los intereses de su padre, el comunicador Ruben Mario Del Castillo, este viernes, ante el también comunicador Fabricio Álvarez.
Diario EL HERALDO

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